Agencias – Redacción. – El Gobierno argentino mantiene inmovilizado en el aeropuerto internacional de las afueras de Buenos Aires desde hace una semana un avión de carga de Venezuela en el que viajaban 14 venezolanos y cinco iraníes y le retuvo el pasaporte a estos últimos tripulantes, vinculados con empresas consideradas terroristas por Estados Unidos.
De acuerdo con el sitio de monitoreo de vuelos Flightaware el Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur salió de Querétaro, México, el pasado domingo 5 de junio.
El Ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo el lunes que la situación del avión y de sus pasajeros está bajo investigación por parte de la administración nacional y la justicia federal.
El funcionario señaló que el Gobierno recibió información de organismos de inteligencia extranjeros que «advertía de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán», que fueron designadas «terroristas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos» en 2007.
Fernández acotó que Argentina tiene respeto a todos los países, pero en este caso decidió «tomar determinadas acciones» al tener en cuenta, además de la información proveniente del exterior, el hecho de que quienes ingresaron habían declarado una tripulación más reducida que la que realmente viajó.
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) han exigido el «total esclarecimiento» de los motivos por los cuales llegó la aeronave «vinculada a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas».
Argentina fue blanco de dos atentados terroristas: el primero en 1992, que voló la Embajada de Israel en Buenos Aires, y el segundo en 1994 que destruyó la sede de la AMIA, los cuales, según la justicia local, fueron ideados por el régimen iraní. Por el ataque a la mutual judía pesan órdenes de captura de Interpol sobre varios ex diplomáticos y ex funcionarios iraníes.
Un abogado argentino presentó un habeas corpus por considerar ilegítima la decisión del Estado de inmovilizar el avión, que fue rechazado por un juez federal.
Fernández también indicó que los venezolanos e iraníes -a los que no identificó- «no fueron privados de ir a un hotel y nunca se les negó la posibilidad de moverse en Argentina con un permiso provisorio… Sí le tomamos huellas a los iraníes», acotó. El funcionario precisó qué la carga que transportaba el avión eran «autopartes para una empresa de ensamble».
La aeronave estuvo previamente en Paraguay, según Fernández, y por motivos climáticos el 6 de junio aterrizó en la ciudad argentina de Córdoba antes de arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Las autoridades migratorias decidieron retener los pasaportes a toda la tripulación, -medida que finalmente se mantuvo con los iraníes- al sospechar que la intención real de su ingreso difirió de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.
Federico Villena, juez federal de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, determinó la víspera que Migraciones «actuó en el marco de sus facultades».
La presencia del avión se dio a conocer durante el fin de semana a partir de un pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado por un diputado opositor.