El Papa Francisco reformó radicalmente el martes el proceso para la nulidad matrimonial en la Iglesia Católica, con resoluciones rápidas y eliminación de la apelación automática, en un intento por acelerar y simplificar el procedimiento.
Francisco emitió una nueva norma para regular el modo en que todos los obispos del mundo determinarán cuando un fallo fundamental invalida una unión.
Los católicos deben obtener la nulidad eclesiástica si quieren volver a casarse por la iglesia, pero el proceso de nulidad era criticado por ser complicado, caro y estar fuera del alcance de muchos católicos, en especial en países pobres donde las diócesis no tienen tribunales del matrimonio.
Son varias las razones para autorizar la anulación, desde el hecho que ninguno de los cónyuges buscara la duración del matrimonio hasta que alguno no quisiera tener niños.
Antes de que existiera la anulación los católicos divorciados que volvían a casarse eran considerados adúlteros que vivían en pecado y no podían recibir la comunión.
En el documento, Francisco insiste en que el matrimonio sigue siendo una unión indisoluble y que las nuevas normas no buscan acabar con él, sino acelerar y simplificar el proceso para que los fieles puedan hallar justicia.
Dijo que el principio general de la reforma es «la salvación de las almas».
La reforma más importante implica un nuevo procedimiento más rápido, gestionado por el propio obispo, que se puede utilizar cuando ambos cónyuges solicitan el trámite o no se oponen a él. También es válido para cuando hay pruebas que descartan la necesidad de realizar una investigación más amplia.
La medida contempla que el proceso sea completado en 45 días.
Otro cambio es la eliminación de la apelación automática después de que se toma la primera decisión. Las apelaciones todavía serán posibles, pero ya no automáticas, una simplificación que se ha usado en países como Estados Unidos durante muchos años.
La reforma también permite que el obispo local, en lugares que no tienen tribunales del matrimonio, sea juez o delegue los casos a un juez sacerdote con dos asistentes.
La medida busca dar a las parejas católicas un recurso para anular en las partes más pobres del mundo o lugares donde la iglesia no tiene los recursos o personal para tener tribunales matrimoniales funcionando a pleno.
Francisco también pidió que sean exentados los cobros, excepto por el pago «justo» al personal del tribunal.
Durante mucho tiempo los católicos se han quejado de que tardan años para anular su matrimonio, si es que lo logran. Los costos pueden llegar de hasta cientos de miles de dólares por cuotas legales y de tribunales.
Sin la anulación, los católicos divorciados que se vuelven a casar fuera de la iglesia son considerados adúlteros que viven en el pecado y están excomulgados. (Agencias).