La Cámara de Diputados aprobó con 292 votos en favor, 100 en contra y una abstención el dictamen que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Constitución en materia de derecho a la movilidad universal y obliga al Estado a garantizar ese ejercicio.
La reforma, propuesta en su momento por el PAN, establece en el Artículo 11 que “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.
En tanto en el Artículo 73 se faculta al Congreso a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, estatales y municipales en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como de movilidad universal.
También se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Movilidad, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.
Incorporan adenda
Previo a la discusión de la propuesta el diputado Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentó una adenda para ser incorporada al dictamen, la cual fue aprobada por el pleno en votación económica.
Al presentar la fundamentación, expuso que la reforma reviste una gran importancia ya que pretende plasmar en la Constitución el reconocimiento y la protección del derecho humano que tienen todas las personas a la movilidad universal.
Este derecho, explicó, implica el reconocimiento que tiene cada individuo y sus bienes a su adecuado desplazamiento de un lugar a otro.
Precisó que la inmovilidad puede traer consecuencias serias para el desarrollo social, el crecimiento económico, la erosión de la convivencia social y efectos negativos sobre el medio ambiente por la emisión de gases contaminantes, entre otras.
Defienden derecho a la movilidad
Aclaró que el derecho a la movilidad universal no se contrapone con el ejercicio de otras garantías fundamentales, tales como el libre tránsito o el derecho de reunión o manifestación.
No se puede, detalló, sacrificar un derecho por encima de otro, por lo que la legislación deberá regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de la movilidad.
Ello, continuó, implementando planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad universal.
El derecho a la movilidad universal no es un asunto de vehículos, es un derecho que tiene el peatón. No podemos construir ciudades autopistas pensadas en función del automóvil, no podemos deshumanizar el espacio urbano y hacer a un lado al ciudadano de a pie”.
Mencionó que hoy se tiene la oportunidad de decidir qué tipo de país se quiere, para carros o para ciudadanos.
Podemos decidirnos a recuperar la calidad de vida que haga posible rescatar las calles y espacios públicos como algo más que canales de transporte, haciendo de ellos lugares de convivencia que fortalezcan el tejido social”, sostuvo.
Dictamen va al Senado.
Antes de iniciar la discusión del dictamen las diputadas Aleida Alavez Ruiz, del PRD, y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, presentaron, por separado, una moción suspensiva al considerar que las condiciones actuales no eran convenientes para discutir esta reforma.
Al fijar el posicionamiento del PT, el diputado Ricardo Cantú Garza opinó que con el argumento de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos la reforma y las leyes secundarias que derivarían podrían inhibir el derecho a la libre manifestación.
Por Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja consideró que si la preocupación es la movilidad urbana nada impide que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, procurar la utilización ecológica del transporte público, que se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y se privilegie el transporte público.
La perredista Amalia García Medina señaló que la preocupación de su grupo es en torno a la facultad que se otorgará al Congreso para establecer las bases que hagan efectivo el derecho a la movilidad y en ese afán se puedan limitar derechos políticos. (Excélsior).