La justicia decide el próximo viernes si admite el recurso de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, contra su imputación por fraude fiscal o si la envía a juicio, lo que sería sin precedente en la historia reciente de la monarquía.
En una resolución publicada ayer, tres magistrados de la Audiencia de Palma de Mallorca, en el archipiélago de las Baleares, fijaron el 7 de noviembre para la “deliberación, votación y fallo de los recursos de apelación”, presentados por algunos de los imputados, entre ellos Cristina, de 49 años, contra las conclusiones de la instrucción del denominado Caso Nóos.
Los magistrados de la Audiencia, que decidirán sobre un eventual envío a juicio de los imputados, confirmarán el próximo jueves a las partes si estarán en medida de comunicarles su decisión el mismo día de la deliberación.
El juez del Tribunal de Palma, José Castro, cerró el 25 de junio una instrucción de cuatro años de un vasto caso de corrupción, imputando a 16 personas, entre ellas la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, de 46 años.
La hermana del rey de España recurrió el 2 de julio la decisión del juez, alegando “la pretensión de mantener a toda costa la imputación” a pesar de “la ausencia de indicios racionales”.
En este caso, Urdangarin es sospechoso de haber malversado, junto a su exsocio, 6.1 millones de euros de dinero público, vía el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió entre 2003 y 2006, y que cerró importantes contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia.
Cristina fue imputada por fraude fiscal y lavado de dinero porque, en opinión del juez, colaboró “activamente” con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una “empresa pantalla”, Aizoon, propiedad de los dos esposos a 50%.
La infanta basó su defensa en el argumento de que ignoraba las supuestas actividades delictivas de su marido, afirmando en su recurso que tenía “absoluta confianza” en su esposo.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach recurrió al día siguiente de la instrucción, calificando de “espiral inquisidora” la argumentación del juez Castro.
Este caso sin precedentes para la monarquía española colaboró a empañar la popularidad del rey Juan Carlos, antes de su abdicación el 18 de junio.
El tribunal convocará con antelación a los abogados de todas las partes para notificarles su decisión, “a fin de evitar cualquier clase de filtración de la resolución y debido a la trascendencia pública que pueda tener su notificación”, señala la resolución.
Los jueces detallaron de qué forma notificarán su resolución y han concretado que, “debido a la extensión que se prevé pueda llegar a tener el auto resolutorio”, inicialmente sólo darán a conocer su parte dispositiva, donde figura la decisión. (Excélsior).