Reforma Electoral implica «borrón y cuenta nueva». «Sería un retroceso mayúsculo»: Académicos.

(Agencias – Redacción).- Académicos de diversas universidades advirtieron a la Cámara de Diputados que la reforma electoral del Gobierno federal amenaza la limpieza y la credibilidad de los procesos electorales en México.

«Más bien estas iniciativas parecen responder a una tentación por aprovecharse del poder concedido por la ciudadanía en elecciones libres y justas para socavarlas. Es una tentación muy poco democrática y que, de materializarse, pondría al País en una condición política peligrosa y precaria», alertaron.

Un grupo de 75 especialistas en temas electorales del ITAM, UNAM, UAM, CIDE, Colegio de la Frontera Norte, Tecnológico de Monterrey y Universidad Iberoamericana y de universidades extranjeras y de diversos estados entregaron a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados una carta pidiendo reflexionar sobre la reforma electoral a la que aspiran.

Indican que México no puede ni debe volver a una edad predemocrática de libertades limitadas, desventajas estructurales para las oposiciones y elecciones a modo del Gobierno.

«Consideramos las recientes iniciativas de reforma electoral una amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas el procedimiento político elemental de cualquier sociedad libre, plural y democrática.

«La reformas propuestas por el Poder Ejecutivo desequilibrarían gravemente a las condiciones de competencia electoral, regresando a México a una etapa de elecciones sesgadas y a favor del gobierno en turno«, afirmaron.

Otras iniciativas, añadieron, debilitarían a las instituciones electorales, como al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, al grado que pondrían en entredicho su autonomía y con ello la propia limpieza y credibilidad de las elecciones.

Coincidieron con el diagnóstico de la Comisión de Venecia, del Consejo Europeo, de que la iniciativa presidencial pretende trastocar de raíz un sistema electoral que ha demostrado su buen funcionamiento.

Son preocupantes, insistieron, la eliminación o reducción del financiamiento público a los partidos; achicamiento de los órganos de deliberación y representación, como es el Congreso; elección popular de autoridades electorales; desaparición de los órganos electorales locales; o los recortes de personal y recursos al INE.

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